La Villa, sin cimientos legales

GUADALAJARA,JAL.(Proceso).- Los juicios en curso, la carencia de recursos económicos para concluir los trabajos y la falta del certificado de habitabilidad no impidieron que la Villa Panamericana fuera inaugurada el martes 4, por el gobernador de Jalisco, Emilio González, y el titular de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), Mario Vázquez Raña.

La Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Zapopan confirmó a este semanario que, a causa de una suspensión judicial dictada hace seis meses por el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), la comuna no puede expedir certificados de habitabilidad ni hacer movimientos catastrales relativos al nuevo complejo habitacional, ubicado en El Bajío, municipio de Zapopan.

Sin embargo, el director de Planeación Municipal, Rafael Valencia Abundis, informó que se concedió un “permiso de alojamiento e instalaciones temporales” a fin de que pudiera ser ocupada por “la comunidad panamericana”. No obstante, no se vio en la inauguración al presidente municipal zapopano, Héctor Vielma Ordóñez.

Hasta el cierre de esta edición, el ayuntamiento no había proporcionado copia del aludido “permiso temporal” ni datos precisos como su fecha de expedición y su vigencia, ni el fundamento legal para “suplir” el certificado de habitabilidad que marcan las leyes de desarrollo urbano por una anuencia transitoria.

Tampoco se había realizado el encuentro acordado por el director de Planeación Municipal con Carlos Aldana Ortiz, abogado de los vecinos de Rancho Contento, quienes promovieron las acciones jurídicas que impiden la expedición del importante certificado.

En esas juntas se discutió sobre la habitabilidad de la Villa Panamericana y se adelantó a los vecinos la posibilidad de expedir un permiso extraordinario, dada la importancia de la competencia internacional, pero se pactó que antes de otorgarlo habría otra cita con las autoridades.

El abogado vecinal, Aldana Ortiz, lamenta que el ayuntamiento emitiera una autorización sin fundamento, pues la ley no prevé que se pueda dar la habitabilidad con un permiso supletorio, aunque sea por tres semanas: “Eso no es posible, es totalmente fuera de la ley y lo vamos a denunciar”, declara.

Confirmó que el jueves 6 presentaría un incidente de desacato ante la IV Sala Unitaria del TAE, que encabeza el magistrado Armando García Estrada, y en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, para que se dicten medidas de apremio y se sancione a los funcionarios responsables de las violaciones legales.

Explicó que el recurso está dirigido contra las autoridades para que los juzgadores apliquen las medidas previstas por la ley, que van desde la amonestación hasta la destitución del cargo.

Entre los funcionarios demandados destacan el gobernador, Emilio González, el titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano estatal y el responsable de Infraestructura Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Por el lado del municipio se señaló como responsables al alcalde Vielma y a sus directores generales de Obras Públicas y de Control y Ordenamiento Territorial.

El recurso se presenta ante el TAE porque fue el tribunal que emitió la suspensión de la venta de los departamentos y la expedición de certificados de habitabilidad y movimientos catastrales desde hace seis meses. Pero también se presenta ante el Juzgado de Distrito, que las confirmó el pasado 3 de mayo, cuando únicamente concedió a los desarrolladores el permiso para que continuaran los trabajos de construcción (mismos que el 30 de abril había ordenado suspender el magistrado García Estrada).

En las demandas de nulidad, los vecinos de Rancho Contento asentaron que el complejo de la villa no cumple con las normas ambientales, ya que se ubica en una zona hidrológica, de recarga de mantos acuíferos; su densidad de población autorizada es mayor que la permitida en la zona; viola los planes parciales de desarrollo e impactará negativamente al bosque de La Primavera.

Estos argumentos se plasmaron en los juicios, apelando a que los magistrados declaren nula la licencia de edificación otorgada por la pasada administración municipal panista en diciembre de 2009, que costó a los promotores inmobiliarios Corey y Barragán 35 millones de pesos...